De los drones a la educación ambiental: las medidas que permitirían erradicar los microbasurales en la Región Metropolitana

Desde las alturas, los drones, aparatos no tripulados, pueden advertir aquellos espacios donde se están acumulando una serie de residuos que terminan contribuyendo a la aparición de microbasurales, los cuales no sólo desfavorecen el paisaje, sino que también afectan la calidad de vida de las personas.

Los microbasurales o vertederos ilegales pueden traer externalidades negativas para los vecinos del entorno y los municipios, como problemas de salud y la contaminación del suelo y de las aguas.

Mauricio Quezada, socio de Ecoven -startup chilena de reciclaje a través de máquinas dispensadoras de botellas plásticas y otros materiales- dice que “los microbasurales continúan en aumento debido a la falta de control y sanciones efectivas y ejemplificadoras para aquellos que los utilizan. Aún hay mucho que avanzar para lograr erradicarlos”.

Además, “en la Región Metropolitana alcanzan a ser casi mil los microbasurales y tiene que ver, entre otras cosas, con una mala planificación territorial. Hay pocos incentivos para generar la valorización y disminución en la generación de estos residuos. Existe poca cultura y educación ambiental para preocuparse de su correcta disposición”, dice Jorge Canals, socio y líder del área Medio Ambiente y Regulación de Moraga y Cía.

En el caso particular de los drones, que también pueden contribuir a fiscalizar, hay que considerar primero que trabajen en conjunto con las autoridades. «Deben estar vinculados con las autoridades pertinentes, como la Seremi de Salud, que está encargada de sancionar, fiscalizar y prevenir el surgimiento de estos lugares”, añade Canals.

De esta manera, los drones pueden ayudar a reducir el número de microbasurales siempre que las autoridades los perciban como una herramienta para facilitar su trabajo y no necesariamente para competir contra ellas. 

Prevención por sobre fiscalización

En mayo de este año los diputados UDI Cristián Labbé y Jorge Alessandri enviaron un oficio de fiscalización al Ministerio del Medio Ambiente, solicitando un estatus de los microbasurales durante los últimos cuatro años en la Región Metropolitana, considerando el alza que afirman se registra.

De esta forma, ambos parlamentarios esperan que se les informe de las políticas, planes y programas que ha adoptado el Ministerio del Medio Ambiente para hacer frente a esta situación.

Consciente de la problemática, Jorge Canals, advierte que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene competencias para la fiscalización, “la idoneidad la tiene la autoridad sanitaria, el Ministerio de la Salud y la Seremi del Medio Ambiente. Entonces, los oficios no ayudan si no entregan competencias, lo que hacen es recargar a la autoridad de denuncias que ya conocen”.

Si bien Canals reconoce la buena intención detrás del oficio, porque «al menos pone el tema en la palestra, y en ese sentido es valorable», enfatiza en que “se necesitan nuevas competencias, más flexibilidad y entregar recursos para la recuperación de este tipo de espacios, porque es carísimo de remediar suelos que han sido contaminados por vertederos o recuperar microbasurales”.

Lo cierto es que la prevención parece ser más relevante que la fiscalización, sobre todo, por la cantidad de microbasurales y vertederos ilegales en la región. 

Rol de los vecinos

Sólo a nivel latinoamericano, la cifra es abrumadora. De acuerdo con el informe “Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe” de ONU para el Medioambiente, se generan 541.000 toneladas de residuos urbanos al día en Latinoamérica y el Caribe, y se estima que esta cifra aumentará un 25% para 2050. Además, el 90% de los residuos no se aprovechan y 40 millones de personas no tienen acceso a la recolección de residuos.

Por esto, es clave gestionar adecuadamente los residuos, evitando un inadecuado manejo. Y entre las estrategias que se pueden aplicar, el uso de tecnologías como los drones, que pueden “utilizar para el control y detección de los microbasurales, lo que es de gran ayuda”, señala Quezada.

A la hora de evaluar lo que deberían hacer los municipios, Quezada cree que lo más recomendable es trabajar desde múltiples aristas, aunque estima que “se debe dar más cabida a los mismos vecinos, de tal manera que puedan realizar sus denuncias y que éstas sean rápidas y correctamente abordadas por la autoridad. Los mejores fiscalizadores son los propios residentes y vecinos de esos sectores”.

En este aspecto existen instrumentos normativos que ayudan a disminuir estas situaciones. Canals, expresa como ejemplo la Ley 20.789, “que modificó la Ley de Tránsito y permitió a los municipios, personas, Seremi de Salud y Carabineros poder perseguir a los vehículos que efectúan transporte ilegal de desechos y decomisarlos si es que son sorprendidos en flagrancia”, indica Canals.

Así, es posible desincentivar el desarrollo y proliferación de microbasurales y vertederos ilegales en la región, ya sea a través de tecnologías, como los drones, o mediante políticas sistemáticas y fiscalizadoras. Sin embargo, todo esto debe ser complementado con medidas preventivas que eduquen ambientalmente para conocer la correcta forma de gestionar los desechos.